El exfuncionario entregó un escrito de 78 páginas para responder los 20 puntos que había dejado bajo análisis el fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Manuel Adorni presentó ante la Justicia un escrito de 78 páginas con el que buscó responder las dudas planteadas por el fiscal Gerardo Pollicita sobre la evolución de su patrimonio y las diferencias detectadas entre sus ingresos y gastos, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El documento fue presentado por la defensa del exfuncionario para responder los 20 puntos que la fiscalía había dejado bajo análisis, entre ellos operaciones inmobiliarias, dinero en efectivo, modificaciones en declaraciones patrimoniales y movimientos con criptoactivos.
Uno de los principales cuestionamientos surgió de una diferencia de más de $43 millones entre los ingresos y los gastos del matrimonio compuesto por Adorni y Bettina Angeletti. La defensa sostuvo que se trata de una "brecha residual" y rechazó que represente una desproporción manifiesta. En términos generales, Adorni sostuvo que la evolución de su patrimonio tiene un sustento razonable y verificable, y buscó explicar el origen de los fondos utilizados en distintas operaciones.
Sobre sus propiedades, explicó que la incorporación de $73 millones a su patrimonio corresponde a la venta de un departamento heredado de su padre. Respecto de la vivienda en el country Indio Cuá, sostuvo que tuvo un valor de US$120.000, parcialmente financiado con un préstamo hipotecario, y que la remodelación demandó US$175.000 provenientes de sus ahorros, una cifra menor a los US$245.000 que había mencionado el contratista Matías Tabar. Por un departamento en Caballito, dijo haber pagado US$30.000 en efectivo, provenientes de las reservas en moneda extranjera del matrimonio.
Sobre los dólares cuestionados, Adorni sostuvo que parte de esos fondos provino de operaciones con Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, antes de su llegada a la función pública, a través de ocho direcciones y billeteras de autocustodia que hoy están vacías. También explicó los cambios posteriores en sus declaraciones juradas por dólares no consignados inicialmente, y sostuvo que esas modificaciones no constituyen un indicio de ocultamiento sino una corrección hecha por iniciativa propia. Según su defensa, la diferencia que persiste en la reconstrucción patrimonial —estimada entre el 15% y el 18%— se ubica dentro de márgenes considerados normales para una economía familiar en la Argentina.
El escrito también abordó compras de muebles y víveres realizadas con tarjetas de empleados: Adorni explicó que, por su carga horaria, delegaba tareas domésticas en su secretaria de confianza, quien hacía esos pagos y luego era reintegrada en efectivo.
La presentación no cierra la investigación. Ahora el fiscal Pollicita deberá analizar el escrito y la documentación aportada para determinar si las explicaciones alcanzan para despejar los puntos planteados. Si las considera insuficientes, podría solicitar nuevas medidas de prueba o avanzar hacia un pedido de indagatoria, cuya convocatoria debería resolver el juez federal Ariel Lijo.
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