Con la oficialización del nuevo esquema tarifario que regirá desde mañana, los pasajeros de La Plata, Berisso y Ensenada analizan cómo ajustar sus gastos para sostener los viajes diarios al trabajo o al estudio.

Con un aumento cercano al 5% en la tarifa y un recargo del 100% para las tarjetas SUBE sin registrar, viajar en micro desde mañana en La Plata, Berisso y Ensenada será un desafío económico diario para los usuarios de la región. A partir del 1° de septiembre, el transporte público del Gran La Plata tendrá un nuevo ajuste que ronda el 4,79% en la tarifa general y el 2,66% en la tarifa con Atributo Social, según informó el Ministerio de Transporte bonaerense.

El boleto mínimo pasará a costar $1.268 y la segunda sección, una de las más usadas en la zona, costará $1.398. La tarifa social también subirá, aunque en menor proporción: el mínimo pasará a $608,74 y la segunda sección a $671. Quienes utilicen una tarjeta SUBE sin registrar enfrentarán una penalización que duplica el valor del boleto en todas las secciones, con tarifas que van desde $2.536,39 hasta $4.355,19 en los tramos más largos.

El impacto se siente de manera desigual entre los usuarios. Marta Gómez, empleada doméstica de 52 años que viaja a diario entre Berisso y el centro platense, contó que su viaje de ida y vuelta pasará de $1.786,13 a $1.871,76 por tramo, lo que representa más de $82.000 mensuales solo en colectivo. "Siento que trabajo únicamente para pagar el viaje", señaló.

Tomás, estudiante de la Facultad de Informática de la UNLP que viaja desde Ensenada, contó que su boleto pasará de $1.489,36 a $1.560,77, más de $68.000 al mes, y que empieza a evaluar faltar a clases no obligatorias para ahorrar el viaje. Esteban Benítez, jubilado de 68 años que usa la tarifa social, remarcó que aunque el aumento es menor, "para nosotros los jubilados que ganamos la mínima, cada peso cuenta", y que ya piensa dos veces si tomar el colectivo o caminar para ir al médico.

El esquema busca además forzar la nominalización de la SUBE, aunque en la práctica golpea con dureza a los sectores más vulnerables o con dificultades de acceso digital para completar el registro.

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