Aunque la normativa contempla espacios de participación ciudadana, los mecanismos para representar a los vecinos frente a Edelap y Absa nunca terminaron de formalizarse.

En La Plata y la región, los cortes de luz y de agua son cada vez más frecuentes, pero los usuarios prácticamente no tienen participación en los organismos que deberían controlar a las empresas prestatarias. En el caso de la electricidad, el control está en manos del OCEBA (Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires), que fiscaliza a distribuidoras como Edelap y a unas 200 cooperativas eléctricas. Aunque el ente contempla instancias de participación ciudadana —como la Sindicatura de Usuarios y el Consejo Asesor Eléctrico—, esas herramientas nunca lograron incidencia real: sus decisiones no son vinculantes y la representación de los consumidores quedó limitada a un rol consultivo.

A esa debilidad se suma otro condicionante: el Gobierno bonaerense suspendió el cobro de las multas a las distribuidoras hasta que termine el proceso de Revisión Tarifaria Integral, según una disposición publicada en septiembre de 2025, lo que le deja al OCEBA menos margen para sancionar fallas en el servicio. Henry Stegmayer, presidente de Consumidores Responsables, resumió el fondo del problema: las decisiones de los usuarios en el organismo "nunca fueron vinculantes".

En agua la situación es parecida. ABSA es una empresa de mayoría estatal —el 90% de las acciones pertenece a la Provincia— y el control está a cargo de la Autoridad del Agua, que además fija tarifas y puede disponer restricciones del suministro. Antes existía una vía de representación dentro del extinto OCABA, pero desapareció cuando ese organismo se disolvió y transfirió sus funciones a la ADA. Una ley de 2015 había creado una Sindicatura de Usuarios para el sector, pero una década después esa estructura nunca llegó a formalizarse. En barrios como Gonnet y Villa Castells, los vecinos habían logrado una vía judicial local para reclamar por la calidad del agua, hasta que la Justicia bonaerense determinó que el fuero local no tiene competencia sobre un servicio de jurisdicción provincial.

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