La Justicia levantó el secreto fiscal, bursátil y bancario del ex intendente y de otros ex funcionarios investigados por la presunta asociación ilícita inmobiliaria vinculada a los loteos ilegales en La Plata.

La causa que investiga la presunta existencia de una asociación ilícita inmobiliaria dedicada a la comercialización irregular de emprendimientos urbanos en La Plata sigue en movimiento. Trascendió que, desde principios de 2025, por orden de la jueza Marcela Garmendia, se decretó el levantamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario del ex intendente Julio Garro, de la ex titular de Planeamiento María José Botta, del ex secretario de Obras Públicas Luis Esteban Barbier, del ex subsecretario del área Leandro David Ronga y del ex subsecretario de Tierras, Hábitat y Vivienda Augusto Sciarretta. Con esa orden, la Justicia ya empezó a reunir elementos para analizar los movimientos patrimoniales de los investigados y detectar posibles activos sospechosos.

Los pedidos de informes fueron dirigidos, entre otros organismos, al Registro de la Propiedad bonaerense, al Registro del Automotor y Créditos Prendarios, a ARBA, a la Inspección General de Justicia, a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, a ARCA y al Registro Nacional de Buques de la Prefectura Naval. El objetivo es reconstruir el patrimonio, los bienes registrables y las sociedades vinculadas a los imputados en la causa "Garro, Julio y otros s/ Fraude en perjuicio de la administración pública", que también alcanza al ex secretario de Coordinación Oscar Negrelli y a otras nueve personas. Con más de 14 cuerpos, el expediente tramita hoy en la etapa de recolección de pruebas en la UFI N° 5, a cargo de Juan Menucci.

La causa se originó en octubre de 2024, cuando la secretaria de Justicia municipal, Marina Mongiardino, denunció penalmente irregularidades en emprendimientos inmobiliarios ocurridos durante la gestión municipal 2015-2023. La presentación apunta a funcionarios de esa etapa por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, al haber permitido urbanizaciones sin la convalidación legal y técnica que exige la normativa provincial, pese a las objeciones reiteradas de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano Territorial. La denuncia también señala un posible avance de esas urbanizaciones sobre el cordón frutihortícola, con eventuales violaciones a la normativa ambiental.

Según los datos que maneja la actual gestión municipal, los loteos irregulares detectados en la Ciudad son aproximadamente 450, distribuidos en distintos barrios, y abarcan 3.380 hectáreas, con 6.876 viviendas ya construidas y una capacidad potencial de más de 32.800 parcelas, que hubieran alojado a unas 165.000 personas. Frente a ese escenario, miles de familias compraron de buena fe lo que creían lotes regulares, que en muchos casos eran solo porcentajes indivisos de parcelas rurales sin condiciones legales para ser subdivididas, escrituradas o urbanizadas, lo que generó una fuerte incertidumbre jurídica para quienes invirtieron pensando que accedían de forma legítima a una vivienda.

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