Las defensas cuestionan la imputación y los fundamentos de la medida. La Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata deberá resolver.

Las defensas de los 11 penitenciarios que quedaron con prisión preventiva por las presuntas torturas y abusos sexuales denunciados por internas de la Unidad 51 de Magdalena apelaron la medida. Ahora será la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata la que revise la decisión.

La preventiva se cumple bajo arresto domiciliario, con monitoreo electrónico. Los recursos cuestionan tanto cómo se construyó la imputación como los fundamentos de la medida de coerción.

El planteo de la defensa de la enfermera

Uno de los recursos lo presentó el abogado Cristian González, defensor de la enfermera Raquel Noemí Boccardo. Sostiene que la acusación fiscal inicial no individualizó qué conductas concretas se le atribuyen y que eso afectó su derecho de defensa.

Según el escrito, se le atribuyó participación necesaria en las presuntas torturas mediante una descripción genérica, que no aclara qué acción u omisión realizó, a quién auxilió ni por qué su intervención habría sido indispensable. Lo mismo plantea sobre la imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público: no se habría precisado la conducta ni la obligación legal incumplida.

La defensa agrega que testimonios, historias clínicas y otras pruebas pueden respaldar una hipótesis delictiva, pero no reemplazan la obligación de describir los hechos que se le atribuyen a cada imputado.

Los agravios

El recurso sostiene que la resolución incorporó conductas y circunstancias que no formaban parte de la intimación fiscal a Boccardo: la confección de certificados médicos sin habilitación, la consignación de datos falsos o no comprobados, el presunto incumplimiento de una disposición de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria (346/17) y una supuesta finalidad de procurar impunidad. También cuestiona que se haya extendido su participación al abuso sexual agravado sin una intimación individual.

Para la defensa, eso afecta el sistema acusatorio, porque corresponde a la Fiscalía formular la acusación y no completarla por otra vía. Invoca los artículos 23 y 56 del Código Procesal Penal. Y agrega que Boccardo no tuvo oportunidad de declarar sobre esas nuevas circunstancias.

Otro punto apunta a que se hayan considerado extemporáneos ciertos planteos. En primera instancia se rechazaron nulidades con el argumento de que las defensas habían participado de las declaraciones y accedido al expediente. González sostiene que eso no alcanza para sanear una afectación de garantías y cita los artículos 202 (inciso 3) y 203 del Código Procesal Penal y estándares de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.

Qué piden

El recurso solicita que se declare la nulidad de la imputación y de la preventiva, y que cese la medida respecto de Boccardo. De manera subsidiaria, pide que se agilice la ejecución efectiva del arresto domiciliario con monitoreo ya concedido.

La causa

La investigación está a cargo del fiscal Álvaro Garganta, de la UFI N° 11 de La Plata, y nació de las denuncias de internas de la Unidad 51 sobre un procedimiento del 3 de junio de 2026. Contaron que sufrieron golpes, malos tratos y humillaciones, y denunciaron torturas y abusos sexuales.

Fueron detenidas 15 personas. De ellas, 11 quedaron con preventiva y cuatro fueron liberadas por falta de mérito. La Cámara deberá decidir si confirma, modifica o deja sin efecto la medida.

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