Cuatro agentes y una enfermera afrontan en La Plata una nueva etapa de sus defensas. Están acusados de presuntas torturas y abusos sexuales en la Unidad 51.
La investigación por las presuntas torturas y abusos sexuales denunciados en la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena tendrá esta semana una serie de movimientos importantes en las defensas de los penitenciarios detenidos en La Plata. Está previsto que declare Raquel Noemí Boccardo, enfermera del Servicio Penitenciario Bonaerense, asistida por el abogado Cristian González. También declararán las agentes Gisela Mailin Iguarán, Agustina Ailén Orona, Florencia Anahí Ortiz y el bombero Juan Antonio Juanena, representados por el abogado Gastón Jesser.
En el caso de Juanena, la defensa pone especialmente el foco en el tiempo que el uniformado permaneció en uno de los sectores donde, según la acusación, se produjeron los hechos investigados: sostiene que estuvo apenas 40 segundos en ese lugar, uno de los elementos que la Justicia tomó en cuenta para mantenerlo detenido. Las declaraciones forman parte de la estrategia defensiva de los acusados, luego de que inicialmente los 15 penitenciarios detenidos optaran por guardar silencio durante las indagatorias.
Para entender el expediente hay que remontarse al 3 de junio de 2026, cuando se produjo una pelea entre dos internas de la Unidad 51. A partir de ese episodio ingresó un grupo de agentes penitenciarios a uno de los pabellones y se inició el procedimiento que derivó en una denuncia penal de extrema gravedad. Cinco mujeres privadas de la libertad denunciaron haber sufrido golpes, torturas, utilización de gas pimienta, esposamientos, desnudez forzada, amenazas, privación de agua y alimentos, y abusos sexuales. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) intervino como organismo de prevención de la tortura y relevó los testimonios de las denunciantes, además de documentar lesiones y otros elementos vinculados con lo ocurrido. Los relatos incluyeron acusaciones contra integrantes del personal penitenciario, autoridades de la unidad, miembros del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE) y personal del área de sanidad. La situación se agravó dos días después, cuando las detenidas realizaron una protesta para denunciar lo ocurrido y fueron reprimidas.
A partir del avance de la investigación, el titular del Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata, Juan Pablo Masi, ordenó la detención de 15 personas: Daiana Belén Balmaceda, María Belén Toledo, Daiana Ayelén Villafañe, Antonela Belén Cingolani, Agustina Ailén Orona, Florencia Anahí Ortiz, Raquel Noemí Boccardo, Gisela Mailin Iguarán, Carlos Miguel Tocci, Juan Manuel Villena, Miguel Ángel Eduardo Villotta, Facundo Sebastián Medina, Lucas Germán Dama, Carlos Alberto Salice y Juan Antonio Juanena. La investigación está a cargo del fiscal Álvaro Garganta, titular de la UFI N° 11 de La Plata, y la imputación contempla los delitos de tortura en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, gravemente ultrajante y agravado por haber sido cometido por personal de fuerzas de seguridad en ocasión de sus funciones.
Cuando fueron llamados a indagatoria, los 15 penitenciarios se negaron a declarar, una decisión que forma parte del derecho de defensa y que no puede ser considerada una admisión de los hechos. Ahora, algunos de los imputados decidieron brindar su versión de los acontecimientos, en un intento de las defensas por delimitar el rol concreto que tuvo cada uno durante el procedimiento investigado. La declaración de Boccardo permitirá conocer su explicación sobre la atención médica brindada a las internas después del operativo, mientras que Iguarán, Orona y Ortiz también comenzarán a declarar esta semana.
Por el momento, la investigación continúa bajo la conducción de Garganta y con los penitenciarios detenidos a disposición de la Justicia, en un expediente que deberá determinar qué ocurrió en la Unidad 51 de Magdalena y qué responsabilidad concreta tuvo cada uno de los agentes investigados.
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