Un informe de la Comisión Provincial por la Memoria registró más de 91 mil hechos de torturas y malos tratos en cárceles bonaerenses en un año. Repasamos los casos más resonantes y los canales oficiales para denunciar.

Las denuncias contra agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) por malos tratos, agresiones físicas a personas detenidas y abusos de poder durante las visitas se tramitan principalmente a través de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el organismo oficial que actúa como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura en la provincia.

El informe anual de la CPM, presentado en agosto de 2026, reveló que durante el último año se registraron 91.833 hechos de torturas y malos tratos en cárceles y alcaidías bonaerenses, en un contexto de 116% de sobrepoblación general en las cárceles de la provincia. Entre los casos más graves bajo investigación de la Fiscalía N°11 de La Plata se destaca la imputación reciente a agentes penitenciarios por torturas, golpizas y abusos sexuales a detenidas en la Unidad 51 del área de influencia platense, lo que derivó en el apartamiento preventivo de 10 funcionarios del SPB.

Torturas y abusos sexuales en la Unidad 51 de Magdalena. En junio de 2026, cinco mujeres detenidas denunciaron haber sido víctimas de golpizas, torturas —incluyendo el llamado "submarino húmedo" y uso abusivo de gas pimienta— y abusos sexuales por parte del personal penitenciario, tras un altercado menor entre internas. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense apartó preventivamente a 10 agentes penitenciarios, y la Cámara Penal de La Plata avanza con la investigación judicial, con la CPM aceptada como Particular Damnificado Institucional.

Red de corrupción y "pabellónes VIP" en las Unidades de la region capital. En abril de 2026, una denuncia radicada por los propios internos del SPB destapó una estructura delictiva que operaba con presunta connivencia de las autoridades del penal. Allanamientos realizados permitió constatar la existencia de un sectores con redes de wifi privadas, consolas de videojuegos, notebooks, amplificadores de señal y hasta un sauna. La red manejaba un mercado ilegal interno que incluía venta clandestina de alimentos del Estado, cobros extorsivos a los presos y facilitación de infraestructura tecnológica para cometer estafas virtuales.

Estadísticas de Asuntos Internos. Según el mismo informe de la CPM, la Auditoría de Asuntos Internos del SPB tramitó cientos de sumarios administrativos contra penitenciarios. Las tipologías más recurrentes fueron: muerte en contexto de encierro (la principal causa de inicio de sumarios hacia el personal de guardia), comercialización de espacios (venta ilegal de traslados y asignación de pabellones), tráfico intramuros (ingreso y venta de estupefacientes, elementos de higiene, vestimenta y telefonía celular) y violencia institucional y de género.

Estafas con falsos ingresos al SPB. A inicios de 2026, la Justicia penal de La Plata desarticuló una banda externa, liderada por una mujer que simulaba ser alta oficial de la fuerza, que estafaba a aspirantes bajo la promesa de facilitarles empleo en el SPB a través de grupos de mensajería. Exigían dinero y documentación sensible en simulacros de entrenamiento físico en parques públicos.

Dónde y cómo denunciar. Quienes necesiten reportar excesos en requisas, agresiones físicas o restricciones arbitrarias en las visitas cuentan con canales institucionales gratuitos y seguros:

  • Comisión Provincial por la Memoria (CPM): su Comité contra la Tortura asiste a detenidos y familiares. Denuncias telefónicas al (011) 3985-9186 al 92, o presenciales en Calle 54 N° 487, La Plata.
  • Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN): para reclamos que involucren unidades federales o requieran asesoramiento, su Centro de Denuncias atiende gratis al 0800-333-9736 o vía centrodenuncias@ppn.gov.ar.
  • Defensorías Oficiales y Fiscalías de turno: en el Departamento Judicial de La Plata, los familiares pueden presentarse ante el Ministerio Público Fiscal o la defensoría oficial de turno para radicar una denuncia penal formal por apremios ilegales o severidades.

Las normativas vigentes sobre derechos de las personas privadas de libertad amparan y exigen investigar penalmente irregularidades como agresiones físicas (golpes, requisas vejatorias, aislamiento ilegal o uso desproporcionado de gas pimienta), abusos durante las visitas (desnudos forzados humillantes, maltrato verbal, destrucción de alimentos o pertenencias) e incomunicación (sustracción de teléfonos autorizados o destrucción de correspondencia).

Enterate lo que pasa en la región en un minuto — AlertaPBA, información al hueso, sin vueltas.