El conflicto por la proliferación de las aplicaciones de viajes en La Plata sumó un nuevo capítulo de fuerte tensión política y gremial
Dirigentes de distintas organizaciones que representan a propietarios y conductores de taxis se presentaron formalmente ante el Concejo Deliberante para exigir la intervención inmediata del cuerpo legislativo municipal, con el pedido de que se determine en forma explícita el estatus legal en el que operan plataformas como Uber y DiDi en la ciudad.
El reclamo central fue presentado por el Centro de Ayuda al Taxista y Afines (CATA), encabezado por Raúl Caballero, a través de una nota dirigida al presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland. Desde la entidad remarcaron que el servicio que prestan las aplicaciones carece por completo de respaldo normativo dentro del partido.
"Para nuestra entidad la posición es sumamente clara: no existe un marco legal, no hay regulaciones vigentes, no hay ordenanza a la cual puedan ajustarse como lo hace nuestro sector. Operan en la ilegalidad absoluta y clandestina", plantearon desde CATA en el escrito, que además constituye una denuncia administrativa contra las firmas extranjeras. La entidad exigió intensificar las inspecciones e implementar operativos de saturación en la vía pública, además de aplicar multas severas e incautar las unidades.
Disparidad de exigencias
CATA también apuntó contra la disparidad de exigencias entre ambos sectores. Según sostuvieron, esa asimetría configura una competencia desleal, ya que los vehículos de las aplicaciones no pagan cargas impositivas, no exigen carnet profesional a sus conductores, ni abonan tasas municipales o VTV, entre otras obligaciones que sí recaen sobre el taxi tradicional.
El reclamo se da en un contexto económico complicado para la actividad. Según datos de CATA, en La Plata hay 2.131 discos de taxis habilitados, pero actualmente solo circulan alrededor de 1.500 vehículos. La caída responde al aumento en los costos de mantenimiento, los insumos y la merma sostenida en la cantidad de viajes.
En paralelo, conductores de aplicaciones también se movilizaron en las calles platenses en los últimos días, pero con un reclamo inverso: piden que se reconozca el estatus legal del servicio y que cesen los secuestros y las multas.
Las presentaciones ante el Concejo Deliberante incluyeron además cuestionamientos a la labor legislativa. Representantes de CATA, la Unión de Propietarios de Autos Taxi (UPAT) y otras agrupaciones presentaron dos notas para repudiar expresiones del concejal Juan Pablo Allan, a quien pidieron declarar "persona no grata para el sector" y solicitaron su apartamiento de la Comisión de Transporte. Los taxistas cuestionan manifestaciones públicas del edil que, según entienden, fueron en contra de los procedimientos municipales de secuestro de vehículos vinculados a las aplicaciones. Las entidades sostuvieron que esos dichos "atentan y ofenden en su máxima expresión a la dignidad de nuestro trabajo".
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