Una ampliación de denuncia penal reactivó la investigación sobre la administración de los recursos destinados a la red de más de 300 policonsultorios. La Justicia indaga el rol de una entidad intermediaria, posibles conflictos de intereses y denuncias de afiliados.
Una ampliación de denuncia penal reactivó la investigación judicial sobre el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). La mira de la Justicia penal está puesta sobre la administración de los recursos públicos destinados a su red de más de 300 policonsultorios y el rol de una entidad intermediaria: la Asociación Civil de Establecimientos Ambulatorios y Policonsultorios Privados (ACEAPP). presidida por Silvina Fontana. El expediente indaga si existieron irregularidades en el circuito de pagos, sobrefacturación y conflictos de intereses.
El eje del conflicto: El rol de ACEAPP
La controversia gira en torno a cómo ACEAPP, encabezado por Fontana se integró en el esquema prestacional de IOMA. Aunque originalmente la obra social impulsó la creación de policonsultorios con cobertura al 100% para descomprimir los hospitales públicos, la presentación judicial solicita pericias contables e informáticas para auditar el destino real de las transferencias y verificar la concordancia entre las consultas médicas efectivamente brindadas y las facturadas.
A esto se suma el análisis sobre la conducción de la entidad intermediaria. La presentación ante la Justicia expone situaciones donde directivos de ACEAPP habrían integrado de forma simultánea firmas privadas dedicadas a la gestión y gerenciamiento de varios de estos mismos policonsultorios , como por ejemplo RM Salud con presencia en Los Hornos, y el centro de La Plata, lo que motivó pedidos de investigación por presunto conflicto de intereses.
Reclamos de afiliados, presión en la Legislatura y movilizaciones
Los cuestionamientos no solo abarcan aspectos financieros sino también la calidad asistencial. Afiliados de diversas localidades bonaerenses expresaron sus quejas por demoras en la asignación de turnos, autorizaciones e infraestructura deficiente en centros ambulatorios. Agrupaciones independientes como "IOMA Organizados" realizaron protestas frente a la sede central de calle 46 en La Plata para exigir la regularización de pagos a prestadores de discapacidad, salud mental e internaciones domiciliarias.
Paralelamente, la controversia impactó en la Legislatura bonaerense, donde legisladores de distintos bloques de la oposición formalizaron pedidos de informes y solicitudes de acceso a la información pública para requerir precisiones sobre los convenios vigentes, el nivel de endeudamiento del organismo y los controles aplicados.
La respuesta institucional de IOMA
Frente a la repercusión del expediente judicial y los reclamos políticos, desde IOMA rechazaron categóricamente la existencia de irregularidades. Mediante comunicados oficiales, el organismo precisó que ACEAPP cumple una tarea estrictamente técnica, informática y de gestión operativa de datos, sin retener los honorarios de los profesionales.
A su vez, la obra social remarcó que las liquidaciones se realizan directamente a cada policonsultorio previa validación mediante sistemas digitales de auditoría interna, subrayando que todos los convenios institucionales se encuentran bajo el control del Tribunal de Cuentas y la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires.
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