El juez de Garantías Agustín Crispo dispuso monitoreo electrónico y prohibió todo contacto con víctimas, testigos y otros imputados.

La funcionaria judicial Albertina Mangini recibió el beneficio del arresto domiciliario en la causa que investiga a una banda acusada de lavar activos por más de $27 mil millones. El juez de Garantías de La Plata, Agustín Crispo, dispuso que cumpla la medida con monitoreo electrónico y le prohibió todo contacto con víctimas, testigos y otros imputados.

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Qué resolvió el juez

Crispo hizo lugar al pedido de los abogados defensores de Mangini. Consideró que lo reunido después de dictada la prisión preventiva permite presumir que los riesgos procesales evaluados entonces pueden neutralizarse con una medida menos gravosa. Para eso tuvo en cuenta la presentación de la defensa sobre el estado de salud de la acusada.

El magistrado también destacó que Mangini no registra condenas penales anteriores, está desafectada de sus funciones y ya no tiene acceso a los recursos institucionales vinculados a ese cargo.

La resolución se hará efectiva cuando quede firme. Además del dispositivo electrónico, Mangini tendrá prohibido el contacto directo o indirecto, en persona, por teléfono, medios electrónicos, redes sociales, mensajería o a través de terceros, con las víctimas, los testigos individualizados y los demás imputados.

La causa

Mangini está acusada de integrar una organización que ofrecía dinero a personas vulnerables para obtener sus datos biométricos mediante el escaneo del iris. Con esa información, según la investigación, se abrían cuentas en billeteras virtuales que habrían servido para redirigir la recaudación de casinos online clandestinos. Se investigan los delitos de asociación ilícita, defraudación mediante uso indebido de datos y lavado de activos agravado por la habitualidad y por cometerse como miembro de una asociación.

Fue detenida el 13 de agosto y alojada en la Alcaidía Departamental Roberto Pettinato. A mediados de septiembre, a pedido de la fiscal Betina Lacki, Crispo dictó su prisión preventiva. En esa resolución sostuvo que la funcionaria habría tenido una intervención concreta, consciente y reiterada en la captación de personas cuyos datos fueron luego usados para operar cuentas digitales del circuito investigado.

Cómo habría actuado

Según la acusación, Mangini se habría valido de su cargo como secretaria de la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados del Departamento Judicial de La Plata para contactar a personas bajo supervisión judicial o en extrema vulnerabilidad económica. A cambio de unos $80.000, las citaban en lugares como un bar y allí, con teléfonos provistos por los responsables, les tomaban fotos y capturas biométricas. Esos datos se usaban para apropiarse de su identidad digital y abrir cuentas sin su consentimiento pleno.

La investigación comenzó con la denuncia de una empleada de limpieza del Patronato de Liberados. Contó que le ofrecieron $80.000 por el escaneo de sus ojos, aunque recibió $40.000.

Otros imputados y los allanamientos

Además de Mangini, el juez dictó la prisión preventiva de Ignacio Marchioni y de Mauro Perrotta. Marchioni fue investigado también en la causa que puso la lupa sobre la financiera Sur Finanzas, vinculada a la AFA. Los tres fueron detenidos por la División Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina, en operativos en La Plata, Quilmes, Mar del Plata y La Falda, Córdoba.

En los allanamientos se secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, 17 celulares, un auto de alta gama, cuatro notebooks, seis CPU, tres pendrives, seis posnet, dos DVR, dos discos rígidos y otros dos dispositivos extraíbles. También se encontraron $2.787.440, US$3.300, 3.490 pesos uruguayos y 50 dólares de Hong Kong.

Quién es

Mangini ingresó al Ministerio Público Fiscal bonaerense en junio de 2009 y empezó en una fiscalía de Saladillo. Luego pasó por distintas fiscalías de la Fiscalía General de La Plata hasta llegar a la oficina de coordinación con el Patronato de Liberados. Está suspendida desde febrero de 2025, cuando quedó imputada. La suspensión se renovó cada 90 días y se extendió tras su detención y su llamado a indagatoria, mientras dure el proceso.

Mangini está acusada y rige el principio de inocencia hasta una sentencia firme.

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