Investigan el aparente lavado de $27 mil millones con billeteras virtuales.

Una funcionaria que pertenecería a la procuración general de justicia es una de las detenidas en una causa judicial en La Plata que investiga una estafa monumental de dinero espurio a partir de transferencias con billeteras virtuales. La maniobra se conoce como "smurfing", que en el mundo de las finanzas significa "pitufeo" : fraccionar movimientos ilegales en depósitos pequeños para ocultarlos de las alertas de los organismos de control del Estado.

Según fuentes judiciales, la acusada es Albertina Manguini, capturada en La Plata bajo cargos por "asociación ilícita, defraudación por uso indebido de datos digitales y lavado de activos agravados por su habitualidad y por la función que ostentaba". Los mismos voceros indicaron que también fueron puestos a disposición judicial Mauro Perrota, detenido en Mar del Plata, e Ignacio Marchioni, en Quilmes, mientras que otras tres personas —aparentemente vinculadas a una financiera que sería cercana al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia— están bajo la lupa, aunque por ahora no se hizo lugar a su pedido de detención.

La pesquisa, a cargo de la fiscal Betina Lacki, tendría probado que las personas mencionadas habrían movido una suma descomunal de dinero en solo un año: 27 mil millones de pesos. Por ahora no trascendió el origen del dinero. "Esto recién empieza. Es apenas la punta del iceberg", señaló un vocero cercano a la causa, consultado por este medio.

Sobre el modo de captación de víctimas, la misma fuente explicó: "Es gente vulnerable, a la que fácilmente le sacaban sus datos personales para operar con distintas billeteras virtuales". Según el relato, se valían de personas en situación de vulnerabilidad económica para usar sus datos: "Por lo general les ofrecían 80 mil pesos, que entregaban en una confitería cercana a Plaza San Martín, y a partir de ahí comenzaba la operatoria". Un detalle llamativo del modus operandi: "Siempre los movimientos terminaban en .12. Era el sello distintivo y, para no levantar sospechas, dejaban 1.000 pesos en la cuenta. Nunca en 0", agregó el informante.

Las cuentas abiertas con datos de terceros funcionaban como "cuentas recaudadoras o cuentas mulas". Luego, los fondos eran canalizados hacia un casino online ilegal, identificado como el destino de los activos. Ese paso resultaba clave: el dinero ingresaba como transferencias individuales y salía como supuestas "ganancias de juego", perdiendo trazabilidad.

Por ahora, la hipótesis fiscal sostiene que detrás de simples billeteras virtuales se escondía una maquinaria de captación, fraude y reciclaje de dinero ilegal que, durante meses, habría operado desde el propio sistema judicial. El volumen económico —$27.000 millones en apenas un año— es uno de los datos que más llama la atención en la causa, y el origen de esos fondos es uno de los interrogantes centrales que busca responder la fiscalía.

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