La medida fue dispuesta por el juez Juan Pablo Masi en la causa que investiga graves agresiones físicas y abusos sexuales sufridos por cinco detenidas de la Unidad 51 durante la jornada del 3 de junio.

La investigación judicial por los graves episodios de violencia institucional registrados en la Unidad Penal N° 51 de Magdalena sumó un avance decisivo. Durante las últimas horas, el juez de Garantías N° 4 de La Plata, Juan Pablo Masi, ordenó la detención de 15 agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) imputados por torturas, malos tratos y abusos sexuales en perjuicio de cinco mujeres privadas de la libertad.

Los hechos bajo investigación ocurrieron el pasado 3 de junio, en coincidencia con la jornada del "Ni Una Menos", cuando efectivos penitenciarios irrumpieron en un pabellón tras una disputa entre dos internas. Según la denuncia radicada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el personal penitenciario sometió a las mujeres a agresiones físicas, amenazas, disparos de gas pimienta a corta distancia y torturas mediante la práctica conocida como "submarino húmedo". Asimismo, dos de las víctimas denunciaron haber sufrido abusos sexuales.

El avance del expediente se concreta luego de que la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata revocara un fallo de primera instancia y el Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata, a cargo del Dr. Juan Pablo Masi, admitiera a la CPM como Particular Damnificado Institucional. Los camaristas señalaron que la dimensión de lo ocurrido exigía un abordaje profundo al considerar que los apremios ilegales podían exceder un hecho aislado de violencia de guardia, como viene informando este medio el servicio penitenciario bonaerense se encuentra entre las instituciones mas cuestionadas del país como ya ha publicado AlertaPBA .

Las detenciones, llevadas a cabo de manera coordinada en distintas dependencias del SPB, buscan asegurar el material probatorio y garantizar el sometimiento a proceso de los agentes salpicados por la causa. La investigación administrativa y penal continúa para deslindar las responsabilidades individuales de la cadena de mando.

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