Una causa judicial incorporó un testimonio que respalda el reclamo por el pase de 30 a 40 horas. Acusan al gobierno y a los gremios de ignorar la deuda.

Los trabajadores encargados de controlar, autorizar y ejecutar buena parte de los pagos de la provincia de Buenos Aires denuncian que el propio Estado bonaerense mantiene con ellos una deuda salarial desde hace más de tres años. El conflicto involucra principalmente al personal de la Contaduría General y la Tesorería General, que permanece en asamblea y reclama la compensación completa por el aumento de su jornada laboral de 30 a 40 horas semanales.

La disputa se remonta a 2023, cuando la administración de Axel Kicillof acordó con los gremios la ampliación horaria para los empleados encuadrados en la ley 10.430. El régimen alcanzó a seis organismos: Contaduría General, Tesorería General, Fiscalía de Estado, Honorable Tribunal de Cuentas, Asesoría General de Gobierno y Junta Electoral. El acuerdo fue negociado por funcionarios de los ministerios de Trabajo y de Hacienda y Finanzas —actualmente Economía— y quedó formalizado mediante el decreto 1531/23. La medida estableció el pase optativo a 40 horas para quienes ya integraban las plantas y dispuso que las nuevas designaciones ingresaran directamente bajo ese régimen. También otorgó un aumento del 9,9% sobre dos bonificaciones remunerativas, aunque los trabajadores sostienen que la ampliación de diez horas semanales debía generar una recomposición proporcional del 33,3% sobre la remuneración.

La principal novedad surge de una causa judicial iniciada en 2025, en la que declaró como testigo el secretario general de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), Pedro Fernández. Bajo juramento, el dirigente explicó que el objetivo de la negociación había sido aplicar un incremento proporcional por el pase de 30 a 40 horas y reconoció que la propuesta "fue aceptada, pero no se aplicó en su totalidad o como hubiere correspondido". Los trabajadores distinguen actualmente dos reclamos: la diferencia salarial derivada del pase de horas, y la incorporación de una bonificación del 125% sobre el sueldo básico que ya perciben empleados de otras dependencias provinciales. Sin embargo, denuncian que las negociaciones actuales se concentran exclusivamente en las bonificaciones y evitan discutir el dinero acumulado por las horas adicionales.

En diciembre de 2024, Kicillof otorgó mediante el decreto 3259/24 otro incremento del 5% sobre bonificaciones ya existentes, firmado también por el ministro de Economía, Pablo López, y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Para los empleados, esa mejora tampoco saldó la diferencia proporcional ni resolvió el atraso acumulado. Una de las impulsoras de la demanda judicial cuestionó que tanto el gobierno como los sindicatos hablen únicamente de futuras mejoras sin reconocer la deuda por las 40 horas, y denunció además que en una de las asambleas realizadas en el edificio de calle 46 las puertas fueron cerradas cuando un grupo de trabajadores intentó ingresar por el acceso principal, debiendo entrar por calle 45.

La protesta expone directamente al ministro de Economía, Pablo López; al ministro de Trabajo, Walter Correa; y a Carlos Bianco, ministro de Gobierno, además del contador general Carlos Baleztena y el tesorero general David Jacoby, máximas autoridades de los organismos donde se desarrolla el conflicto. Según los trabajadores, un empleado administrativo con treinta años de antigüedad percibe alrededor de $1,5 millones, mientras que un profesional con una trayectoria similar cobra aproximadamente $2 millones, cifras que consideran insuficientes frente al costo de vida actual.

Enterate lo que pasa en la región en un minuto — AlertaPBA, información al hueso, sin vueltas.