Una investigación especial del Observatorio de Datos Estratégicos de Plata Media advierte que exhibir los “trofeos del narcotráfico o lavado” tiene un costo fiscal alto cuando la Justicia ordena devolver lo secuestrado.
El afán político por exhibir los “trofeos del narcotráfico y el lavado”
La reciente decisión de la Justicia Federal de Lomas de Zamora de transferir la Ferrari California negra y otros 25 vehículos de Sur Finanzas a la órbita de la Corte Suprema de Justicia reabre una alarma económica. El afán político por exhibir los “trofeos del narcotráfico y el lavado” suele traducirse en autos destrozados, costosas demandas contra el Estado y un millonario perjuicio fiscal cuando la Justicia ordena devolver lo que nunca le perteneció.
La diferencia entre el secuestro (custodia temporal) y el decomiso (pérdida definitiva de la propiedad) parece jurídica, pero es netamente económica. Mientras un vehículo está secuestrado, el Estado es un depositario obligado a devolverlo intacto si el imputado es absuelto. En la Argentina, esa lección ya se pagó con chatarra.
La lección no aprendida de 2018
En julio de 2018, la gestión de la Policía Bonaerense presentó con orgullo deportivos de lujo, como un Audi TT y un Peugeot RCZ, secuestrados en el operativo “Esvásticas Blancas”. El lema oficial fue “reciclar el mal para el bien”.
La calle demostró otra velocidad: en solo doce días, ambos vehículos premium terminaron chocados en autopistas, en siniestros causados por terceros. Cinco años después, en 2023, la Justicia determinó que no estaba probado el origen ilícito de esos bienes y ordenó su restitución. Para entonces, el Peugeot llevaba años fuera de servicio, convertido en chatarra, y otros autos eran directamente imposibles de localizar. El Estado tuvo las llaves, dañó el patrimonio y debió responder con fondos públicos por automóviles que jamás fueron de su propiedad.
El laberinto de las pólizas: ¿quién asegura una Ferrari secuestrada?
La Acordada 22/2025 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que regula los bienes secuestrados, obliga de manera taxativa a los organismos receptores a contratar un seguro contra todo riesgo. Esto abre una paradoja en el mercado asegurador argentino:
- El filtro de las compañías: las grandes firmas tradicionales rechazan sistemáticamente asegurar vehículos bajo el formato de “custodia judicial activa”, por el riesgo moral y la falta de un titular registral definitivo. Habitualmente, el Estado debe recurrir a la Caja de Seguros S.A. o a Nación Seguros, mediante licitaciones o contrataciones directas de pólizas oficiales.
- Primas por las nubes: las primas mensuales para vehículos de este tipo bajo uso oficial se consideran de alto riesgo. Asegurar contra todo riesgo una Ferrari California valuada en US$ 320.000, expuesta al desgaste de persecuciones o patrullajes, cuesta sumas que duplican las tasas de un vehículo particular y drena presupuestos que deberían destinarse a móviles convencionales.
Radiografía de la causa Sur Finanzas: el inventario en la niebla
El fallo del juez federal Tomás Rodríguez Ponte dispuso que 26 vehículos vinculados al financista Ariel Vallejo, investigado en la causa, pasen a la órbita de la Unidad de Coordinación de la Corte Suprema. Sin embargo, la distribución real choca con la evasión de los propios investigados:
- Efectivamente secuestrados (9): en poder del máximo tribunal para su inmediata asignación provisoria. Entre ellos, la Ferrari California descapotable, 2 Audi, 3 Toyota, 1 Alfa Romeo, 1 Jeep y 1 Peugeot.
- Sin localizar (17): tienen orden de secuestro dictada, pero el Estado aún no logró ubicarlos. Entre ellos, un Mercedes-Benz GLC 300 Coupé, un Alfa Romeo Stelvio, un Audi Q2, 3 camiones Mercedes-Benz, 2 VW Vento y un BMW 320i.
El apuro por anunciar la “incautación de la flota” expone que el Estado asigna, sobre el papel, unidades de alta gama que el imputado logró ocultar antes de los allanamientos. Es una muestra de las fallas de inteligencia y rastreo en el proceso precautelar.
La ecuación económica: Buenos Aires no es Miami Vice
Un patrullero real necesita blindaje, espacio trasero para detenidos y repuestos mecánicos de rápida colocación. Un Audi TT o una Ferrari California carecen de toda utilidad operativa. Al comparar los valores de mercado de 2026, la ecuación financiera resulta insostenible para el contribuyente:
- Ferrari California de Vallejo: US$ 320.000 (unos $ 493 millones, al tipo de cambio oficial).
- Patrullero 0 km equipado (Tandil): $ 51 millones.
- Patrullero 0 km equipado (Zárate): $ 62 millones.
Poner la Ferrari en la calle significa arriesgar un capital equivalente a entre 8 y 10 patrulleros reales 0 km, listos para prestar servicio comunitario todos los días.
El destino de la caja: ¿adónde va el dinero si hay decomiso?
Si la causa penal avanza y se dicta una condena firme con decomiso definitivo, los vehículos dejan de ser un riesgo de restitución y se transforman en activos del Estado. El marco legal es estricto en cuanto al destino de los fondos obtenidos en las subastas públicas:
- Venta inmediata y remate: bajo la Ley 20.785 y las actualizaciones del DNU 575/2025, se procede a la subasta pública masiva a través del Banco Ciudad o de agencias específicas, como la APRAD en las provincias.
- Asignación específica de fondos: el dinero recaudado no se diluye en Rentas Generales. Legalmente, el producido se distribuye bajo supervisión del Ministerio de Justicia de la Nación para:
- Financiar la infraestructura judicial y el equipamiento tecnológico de las fuerzas.
- Solventar programas de lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero, y de asistencia a las víctimas del delito.
- Autofinanciar los enormes costos logísticos de los depósitos judiciales, las grúas y la descontaminación en comisarías.
Conclusión
La normativa de la Acordada 22/2025 busca transparentar el registro en línea (BBSD) para evitar que los autos junten polvo en depósitos. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que asignar vehículos premium a tareas operativas es un juego de azar en el que el Estado lleva las de perder.
Si el juicio se gana, el auto debió haberse subastado el primer día. Si el juicio se pierde, el Estado devuelve chatarra y paga la indemnización con los impuestos de los ciudadanos. El riesgo no es nuevo ni teórico: ya pasó, salió mal, y las probabilidades de repetir la historia sobre la carrocería de una Ferrari son críticamente altas.
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