El juez Juan Pablo Masi resolvió el procesamiento de los agentes detenidos por las denuncias en la cárcel de mujeres. Casi todos optaron por no declarar ante el fiscal Álvaro Garganta.

La Justicia platense confirmó el procesamiento de los quince agentes penitenciarios detenidos por las denuncias de torturas y abusos sexuales dentro de la Unidad N° 51 de Magdalena. El fiscal Álvaro Garganta, a cargo de la UFI N° 11, tomó las indagatorias a los imputados, y la enorme mayoría —catorce de los quince— decidió no dar su versión de los hechos.

El expediente tramita en el Juzgado de Garantías N° 4, bajo la conducción del juez Juan Pablo Masi. Entre los procesados figuran Daiana Belén Balmaceda, María Belén Toledo, Daiana Ayelén Villafañe, Antonela Belén Cingolani, Agustina Ailén Orona, Florencia Anahí Ortiz, Raquel Noemí Boccardo, Gisela Mailin Iguarán, Carlos Miguel Tocci, Juan Manuel Villena, Miguel Ángel Eduardo Villotta, Facundo Sebastián Medina, Lucas Germán Dama, Carlos Alberto Salice y Juan Antonio Juanena, asistidos por los defensores Julio Beley, Gastón Jesser, Cristian González, César Albarracín, y Lautaro Cardo.

Se les atribuye el delito de tortura combinado con abuso sexual con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por personal de fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones, tanto en carácter de autores como de partícipes necesarios.

La única voz entre los acusados fue la de Daiana Villafañe, que con el acompañamiento de su abogado particular Julio Beley presentó su propio relato de los hechos, negó las acusaciones en su contra y explicó por qué considera que no tuvo participación en lo ocurrido.

Que la mayoría haya elegido el silencio no equivale a una admisión de culpa ni puede usarse como prueba en su contra: la Constitución garantiza que nadie está forzado a declarar contra sí mismo, por lo que callar en la indagatoria es un derecho de defensa, no una confesión encubierta. La carga de probar la acusación sigue en manos del Ministerio Público Fiscal.

Los hechos investigados datan del 3 de junio de 2026, cuando, tras una pelea entre internas, personal penitenciario habría ingresado a un sector de la unidad y —según las denuncias— utilizó gas pimienta, golpes, desnudez forzada y privación de agua y comida, además de otras formas de humillación. Cinco de las detenidas denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales durante ese operativo.

La Comisión Provincial por la Memoria relevó testimonios y otras pruebas, y pidió que las víctimas fueran escuchadas con protocolos específicos para casos de tortura y violencia sexual. La pesquisa alcanzó también a autoridades del penal, integrantes del Grupo de Intervención ante Emergencias y personal de sanidad.

Con los procesamientos ya dictados, la causa entra en una nueva etapa de recolección de pruebas para definir la responsabilidad de cada uno de los imputados.

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