El proyecto permite usar seudónimos públicos, pero exige que cada cuenta esté atada a una identidad real. Abre el debate entre seguridad y privacidad.

Un proyecto de ley presentado en el Congreso de la Nación propone que las plataformas de redes sociales, los sitios de comercio electrónico y las aplicaciones de juegos y apuestas que operen en el país validen la identidad de sus usuarios a través del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Según se informó, el objetivo es combatir delitos como las estafas electrónicas, el grooming, la suplantación de identidad y el acceso de menores a sitios de apuestas online, y darle a la Justicia herramientas más ágiles para identificar a los responsables.

Cómo funcionaría

El mecanismo se apoya en el Sistema de Identidad Digital (SID) del RENAPER. Al crear, activar o mantener una cuenta, la plataforma debería pedir una validación biométrica, ya sea un escaneo facial o del DNI. Para resguardar los datos personales, el texto prevé que las empresas no puedan guardar fotos, huellas ni datos biométricos. El RENAPER solo les devolvería un código encriptado de trazabilidad, la confirmación de que la identidad es válida y si el usuario es mayor de edad.

Seudónimos y orden judicial

El proyecto no prohíbe el uso de alias, avatares o nombres artísticos de cara al público. Los usuarios podrían ocultar su nombre ante el resto de la comunidad, aunque su cuenta quedaría asociada a una identidad real en los registros de la empresa. Esa identidad permanecería reservada y solo podría revelarse por orden expresa de un juez civil o penal, por ejemplo ante un delito o una difamación grave. Si se aprueba, las empresas tendrían 180 días para adecuarse.

Seguridad o privacidad: el debate

Según se informó, la iniciativa generó inquietud entre especialistas en derechos digitales. Quienes la respaldan señalan que dificultaría los perfiles falsos usados en estafas y extorsiones, bloquearía el acceso de menores a apuestas online no autorizadas, reduciría las campañas de cuentas automatizadas y aportaría confianza a las compras en línea.

Quienes la cuestionan advierten sobre el riesgo de filtraciones al centralizar datos de validación en un organismo estatal, el posible efecto de autocensura ante el temor a represalias y el rol del anonimato para periodistas, denunciantes y víctimas de violencia de género. También mencionan que quienes tengan dispositivos obsoletos, mala conexión o fallas en los lectores biométricos podrían quedar excluidos.

Los autores sostienen que el sistema respeta las libertades individuales, porque no concentra los datos en las empresas y mantiene el derecho a usar alias.

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