Torturas en un penal de Magdalena, extorsiones y allanamientos en una unidad de Florencio Varela, y reclamos de internos y familiares por la calidad de los alimentos y el alojamiento en Olmos, Romero y la U9 de La Plata. ¿Complot o realidad?

Tres frentes distintos ponen al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en el centro de la escena al mismo tiempo. Por un lado, avanza la causa judicial por torturas y abusos sexuales en un penal de mujeres de Magdalena. Por otro, un allanamiento en Florencio Varela destapó una presunta red de extorsión con complicidad de personal penitenciario. Y, en paralelo, crecen los reclamos de internos y familiares por las condiciones de alojamiento y alimentación en distintas unidades del sistema, entre ellas Olmos, Romero y la U9 de La Plata. El interrogante que empieza a instalarse puertas adentro de la fuerza es si se trata de una crisis institucional real o de un complot orquestado para voltear a distintas cúpulas.

La hipótesis de complot en la causa de Magdalena

La causa judicial que investiga torturas, abusos sexuales agravados e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la Unidad N°51 de Mujeres de Magdalena sumó definiciones clave en las últimas horas, con el conocimiento de los detalles de las declaraciones indagatorias que recibió el fiscal de la UFI N°11 de La Plata, Álvaro Garganta, de dos de los quince penitenciarios detenidos por orden del juez de Garantías N°4, Juan Pablo Masi.

Una de las declarantes, la inspectora Daiana Ayelén Villafañe, de 31 años, coordinadora de Régimen Abierto del penal, se presentó asistida por el abogado Julio Beley y se defendió de las acusaciones.

Otro de los imputados asistido por su representante legal como parte de su descargo, aportó a la causa mensajes que le hizo llegar otra empleada carcelaria, en los que presuntamente varias internas —enojadas por los controles antidroga aplicados en el penal— se jactaban de haber logrado la remoción de la cúpula de la unidad a través de las denuncias judiciales.

La investigación busca reconstruir lo ocurrido el miércoles 3 de junio de 2026, cuando un operativo desplegado supuestamente para sofocar una pelea entre internas derivó en agresiones físicas, uso de gas pimienta, esposamientos, desnudez forzada, aislamiento en celdas de resguardo ("buzones"), privación de agua y alimentos, humillaciones y abusos sexuales con acceso carnal. Catorce de los quince penitenciarios detenidos se negaron a declarar ante la fiscalía.

Allanamiento por extorsiones en la Unidad 31 de Florencio Varela

En paralelo, la Policía allanó la Unidad Penitenciaria 31 de Florencio Varela en el marco de una investigación por extorsiones, venta de drogas y cobros por el acceso a internet, que dejó 11 personas imputadas. La pesquisa apunta a una organización identificada como "La Comitiva", que habría operado dentro del penal con presunta complicidad de personal penitenciario.

Durante los procedimientos, realizados por la DDI Quilmes, se secuestraron 13 teléfonos celulares, dos de ellos hallados en la oficina del subdirector del establecimiento. Según las denuncias de internos y familiares, el grupo exigía entre $30.000 y $40.000 mensuales por preso para permitir el acceso a internet mediante equipos Starlink, y quienes cuestionaban esos cobros habrían sufrido amenazas, agresiones y traslados forzados dentro del penal.

Las presentaciones judiciales describen además una presunta comercialización de drogas dentro de la unidad, apropiación de alimentos llevados por familiares en las visitas y falsificación de solicitudes de traslado. La causa quedó a cargo de la UFI N°9 de Florencio Varela. Como en cualquier investigación en curso, las imputaciones no equivalen a una condena.

Reclamos por comida y alojamiento en Olmos, Romero y la U9

A estos dos frentes judiciales se suma un malestar más silencioso pero extendido: los reclamos de internos y familiares por la calidad de los alimentos y las condiciones de alojamiento en distintas unidades penitenciarias de la Región Capital, entre ellas Olmos, Romero y la U9 de La Plata. Se trata de quejas que no siempre derivan en causas judiciales formales, pero que alimentan el mismo cuadro de sospecha sobre el funcionamiento cotidiano del sistema penitenciario bonaerense.

Con estos tres frentes abiertos en simultáneo —uno con detenciones y una hipótesis de complot, otro con imputados y secuestros de material, y un tercero de reclamos persistentes—, el SPB profundiza una crisis de imagen que, como ya viene señalando este diario, lo ubica entre las instituciones más cuestionadas y denunciadas de la provincia.

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